¿BONITA?

Hace unos días oí como nuestra vicepresidenta del gobierno apostillaba una frase con un sonoro "bonita". Se dirigía a una supuesta Susana Díaz, después de un previsible debate entre candidatos en la televisión andaluza. Donde, por cierto, no estaba la intervención más esperada, la de nuestra compañera Teresa Rodriguez.

Era una de esas interjecciones donde la subjetividad se introduce en el tiempo que separa las palabras. No sabría decir si bonita formaba parte o no de la frase precedente. Pero dudo mucho que nuestra político definiera ningún atributo formal de su ausente interlocutora.

Para saber frente a qué estamos, aconsejo siempre cambiar de género. Coloquemos a Pedro Sánchez, por ejemplo, como interlocutor y replanteemos la frase: "menuda campaña te espera, bonito". Alguno puede pensar que significa lo mismo. Puede ser. Pero suena más extraño, menos natural, que el "bonita" de Susana, ¿verdad?. Curioso subconsciente, que nos recuerda de qué tipo de sociedad venimos.

Uno puede caer en el error de pensar que estas formas de expresión están relacionadas con el nivel intelectual del que los utiliza. Pero resulta que en este caso, la referencia surge de una abogada del estado. Una de las oposiciones más complicadas de la función pública.

Personalmente, pienso que el partido a la que pertenece la vicepresidenta utiliza el micromachismo para apelar a un sentimiento inculcado en la sociedad. Utilizan trazos de discriminación de género para mostrar afinidad con ciertos sectores de la sociedad. Tocan la trompa para aludir al elefante. No es lo único que hacen. Apelan a la discriminación de raza, de orientación sexual, de culto, de ideología, etc. Lo hacen con fines electorales. Les da igual lo que hay detrás. No piensan en las víctimas. En el sufrimiento que esconde la discriminación.

Pero el verdadero problema es que lo hacen porque obtienen rédito. Existe ese estrato social que se reconoce en esas afirmaciones. Y es un estrato del que se nutren los partidos más conservadores.

Es un tema muy serio, donde la política debería dar ejemplo.

EL FUTURO ES TUYO

Te sacaron un 14 de marzo. Digo te sacaron porque fue contra tu voluntad. Me consta que gustosamente te hubieras quedado allí, en el útero de tu madre. En un entorno templado, protegido y arropado. Pero en la vida, no siempre se puede elegir. Es tu primera lección.

Has venido a un mundo que otros han construido. Un lugar donde todo está predeterminado. Y no me refiero a destinos ni misticismos gaitas. Si no a que los otros quieren tener tu futuro escrito.

Es así, mi niño. No faltarán lo que te digan cómo has de ser. Qué has de opinar. Cómo has de vestir o a quién hay que votar. Incluso entre ellos puede ser que esté yo.

No somos más que lo que nos han educado, mi pequeño. Lo que pasa es que, a veces, alguien se pregunta porqué esto es así.

Igual algún día, el 15M te suene a viejo. Una movida de unos carrozas que se reunían en las calles y hablaban. Sólo te voy a decir que esos días descubrimos que aquéllos que nos preguntábamos porqué, ni eramos pocos ni estábamos solos.

Me gustaría que algún día vivierais vuestro 15M particular. Que os preguntarais el porqué de nuestros dogmas. Que dudarais de nuestros logros. Que pensarais que vuestro mundo puede ser mejor.

Es así, mi amor. Tenemos la mala costumbre de pensar que somos la solución para todo. Y no nos damos cuenta que esto conforma una parte importante del problema. Y se establece como un asidero para aquéllos que lo saben aprovechar para su beneficio.

Cualquier tiempo pasado fue mejor. Ésa es la sátira que nos contaba Allen en una de sus películas. Y nos lo enseñaba como una paradoja sin fin. Es así cariño. Lo mejor que puedo darte es la capacidad para criticarme. El derecho a equivocarte.
El futuro es tuyo.

LA RESPONSABILIDAD DEL DESEQUILIBRIO URBANÍSTICO

El artículo 45 de la Constitución Española dice que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. El 47 establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 

Ambos artículos establecen el principio fundamental de que la ordenación urbanística es una potestad pública que incide sobre el derecho de propiedad con objeto de limitar los posibles usos y aprovechamientos de la totalidad del territorio, así como establecer aquellos que la sociedad pueda considerar de utilidad pública o interés general, y por lo tanto, tener finalidades públicas.

Esta potestad se reparte entre competencias de las diversas administraciones públicas. La base del derecho urbanístico y la relativa al derecho de propiedad es competencia exclusiva del Estado, la ordenación territorial y urbanística corresponden a las Autonomías, dejando la competencia de planeamiento a los municipios, aunque bajo la supervisión de las segundas.

Cuando se aprueba una figura de planeamiento, esta debe estar debidamente justificada en base a su necesidad y conveniencia. Al igual que se precisan de estudios socioeconómicos en una revisión de un planeamiento general, es preciso que las modificaciones aisladas tengan la misma justificación, aunque a menor escala. Algún estudio o estadística que demuestre esa hipótesis. 

Mientras los pequeños municipios españoles, en muchos casos, doblaban la superficie de suelo urbano, o creaban grandes previsiones de suelo urbanizable, la población no crecía. No existía una justificación para esa alta demanda de transformación de suelo. No obstante, las administraciones competentes, en este caso, los municipios y los gobiernos autonómicos, tramitaban negligentemente esas figuras. El tiempo ha demostrado su irresponsabilidad. Miles de casas vacías, esqueletos estructurales o extensiones urbanizadas campan el territorio nacional. Los pueblos que apostaron por grandes extensiones con apellidos pomposos, como “resort” o “residencial”, ven como las arcas municipales van menguando peligrosamente, aunque hubo un tiempo que estaban llenas a rebosar a través de tasas e impuestos a la construcción. 

Por consiguiente, las administraciones públicas han aprobado procedimientos administrativos que no han respetado las legislaciones vigentes en materia de urbanismo. El resultado social ha sido dramático. Por un lado, la economía basada en dicho crecimiento se vio frenada de golpe, llevando a millones de personas al desempleo o la precariedad laboral. Por otro lado, la vivienda dejó de ser un valor de inversión al bajar drásticamente la demanda por la falta de crédito. Y la vivienda no deja de ser un bien donde muchos españoles han depositado sus ahorros reales o futuros, por lo que se ha producido una fuerte desamortización de sus propietarios. 

Sin embargo, en los órganos de gobierno donde se aprobaron dichas figuras de planeamiento no se ha señalado ningún responsable. Tampoco se identifican responsables en los diversos agentes que participaron en los procedimientos administrativos. Parece que la administración pública como siempre se excusa en la responsabilidad común. Pero eso es injusto. 

Cuando algunos hablan de la auditoria de la deuda pública y otros se rasgan las vestiduras, parece que los primeros no dejan de requerir un ejercicio de responsabilidad en los procedimientos administrativos que han aumentado negligentemente la demanda de dinero público. Es responsabilidad del administrado señalar y denunciar cuando alguna administración vulnera su propio cuerpo legislativo. Y en este caso, las consecuencias han sido tan violentas que parece una acción necesaria. Al menos, para evitar que se vuelva a repetir.

En conclusión, en la burbuja inmobiliaria las administraciones públicas fueron cómplices necesarios, olvidando su principio fundamental de actuar a favor del interés general, focalizando plusvalías sin justificar para determinados administrados, mientras el resto acabamos pagándolas. Con intereses bien altos.

LA VIVIENDA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

Hoy es un día gris y lluvioso. Apetece quedarse en casa. Encender la calefacción, cubrirse con una manta y acurrucarse en el sofá. Ver a través de la ventana como cae la lluvia sobre el asfalto. Que momento más placentero. Nuestro cobijo.

Hoy es un día gris y lluvioso. Miles de familias son obligadas, por la fuerza, a abandonar sus cobijos. Por culpa de la crisis. Al menos eso dicen. Por culpa de un sistema que no ha sido capaz de garantizar un derecho fundamental. El derecho al cobijo. El derecho a una vivienda digna y adecuada. Palabrería jurídica sin traducción a la realidad. Es un momento dramático. Triste. Doloroso.

El artículo 47 de nuestra Constitución indica que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además apuntilla diciendo que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Pero ¿por qué su disfrute es un derecho fundamental de los españoles? El artículo 10 de la citada Constitución indica textualmente que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en 1948 por los países de la Asamblea de Naciones Unidas. En su artículo 25 aparece la vivienda como un derecho inherente a cualquier persona. Y aunque la Declaración tuvo un papel orientativo, en 1977 España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que su artículo 11 vuelve a asignar a las personas el derecho a una vivienda adecuada. 

Por lo tanto, el derecho fundamental recogido en la Constitución española no es más que la asunción del derecho a la vivienda que ya recogían los tratados de los derechos humanos internacionales, sin más añadido que es obligación de los poderes públicos establecer los medios para hacer efectivo ese derecho.

Es importante destacar que los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Por lo tanto, dichos poderes legislarán para proteger dicho derecho de las políticas liberales de mercado. Desgraciadamente el tiempo y la experiencia nos han demostrado que las barreras legislativas nunca han conseguido extraer el componente especulativo del mercado de la vivienda, y que la omisión de las acciones políticas en medidas efectivas de vivienda han conseguido que la vivienda tenga un precio ajustado al derecho que representa.

Sin embargo, ¿qué es una vivienda digna y adecuada? En este caso, la Constitución no resuelve la duda. No obstante, el Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 4 con respecto al Pacto, desarrolla el concepto en los siguientes términos:

“El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.”

El Comité además establece una serie de factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, que, entre otros, ayudan a identificar el derecho a una vivienda digna:

“a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.

c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.

d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda  preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.

e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho.

f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.

g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.”

En conclusión, con el presente texto he tratado de transmitir de dónde surge y qué alcance tiene el derecho fundamental al disfrute de la vivienda digna y adecuada, desde el punto de vista jurídico. Éste es el germen, que puede tener el desarrollo legislativo que las diferentes cortes consideren oportuno. Pero siempre teniendo en cuenta que, cualquier poder público, debe velar por la garantía de dicho derecho universal. Ahora es el momento de que cada uno tome sus propias conclusiones. Un saludo.

EL DÍA DE LA MUJER NO ES UN DÍA

El otro día estuve escuchando atentamente lo que nos proponían las compañeras María Pazos y Bibiana Medialdea. Es una fortuna contar con gente así pueda descubrirnos nuevos puntos de vista sobre las relaciones entre personas, que tengan la valentía de materializar propuestas sobre ellas. Algo que es muy complicado, lo digo por experiencia. Y es muy interesante la percepción económica que conlleva el modelo de sociedad patriarcal que seguimos inculcando en este país. En un estado, donde últimamente cualquier postulado u opinión se lleva directamente al campo económico, me parece un ejercicio muy interesante el que han llevado a cabo María y Bibiana.

Las relaciones entre personas son la base de la sociedad. Pero las condiciones de esas relaciones no se mantienen estancas en el tiempo. La gente pasa por diferentes estadios de dispensar cuidados a necesitarlos durante su vida. Y esos cuidados influyen directamente en las relaciones entre personas. E influyen directamente en las economías de esas personas.

El modelo patriarcal ha educado en los clichés tradicionales, en los que cada persona tiene un papel preestablecido, de modo que su vida se ve condicionada desde el momento en que se materializa su género. Y en el ámbito de los cuidados a los hijos, a los enfermos, a los dependientes o las personas mayores, la sociedad ha depositado en la mujer la mayor parte de la responsabilidad.

La crisis económica ha sido el entorno adecuado para que el papel que debe cumplir la administración pública de dotar de servicios públicos que asuman o apoyen a la ciudadanía en esos cuidados, dichos servicios sean recortados o destruidos. Por lo tanto, esos cuidados se han convertido en privilegios que condicionan la relación entre las personas. La crisis, fundamentalmente, ha depositado en la mujer el privilegio de cuidar a las personas más vulnerables de su entorno. Y esto le ha supuesto la pérdida de independencia económica y social que podía tener por el hecho de pertenecer a una sociedad que se postula igualitaria.

Es por ello que, para trabajar en la igualdad de género frente a los cuidados, el papel de las administraciones públicas debe asegurar que aquellos individuos que afronten el cuidado, no pierdan o hipotequen aquello que les correspondería si no los afrontaran. Es por ello que, lo público debe establecer los mecanismos adecuados que apoyen la labor voluntaria de la sociedad en la asistencia a las personas vulnerables, de forma que no aparezcan daños colaterales que trasladen a las mujeres a modelos de organización social que debemos superar. Es por ello que debe potenciar políticas de igualdad para que los cuidados no estén condicionados por el género, como ocurre con las bajas de maternidad y paternidad. Es por ello que la ciudadanía en su conjunto debe reconstruir el estado del bienestar desde modelos de igualdad, que no aparte ni el capital productivo de las mujeres ni el capital cuidador de los hombres.

El día 8 de marzo es el día internacional de la mujer trabajadora. Desgraciadamente, la realidad no acompaña a la celebración. Muchas mujeres han perdido sus trabajos por una crisis que se ha cebado especialmente con su género. Muchas mujeres han dejado voluntariamente su trabajo para cuidar a familiares dependientes que han visto recortadas sus ayudas. Muchas mujeres se encuentran en situaciones de excedencia para sostener la crianza de un retoño por no poder hacer frente al coste de guarderías privadas. Muchas mujeres han sido apartadas de procesos selectivos por su fertilidad. Muchas mujeres han sido víctimas involuntarias de la situación económica.

Por lo tanto, queda mucho trabajo para lograr la dignidad de género en este páis. Y no sólo hoy, si no los 364 días restantes.

EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Otro año más, y coincidiendo con el año electoral, tenemos ronda de elogios y reproches en el parlamento español. De nuevo, poca gente se sienta frente al televisor a ver como aquellos que nos dicen representar, se gritan, insultan y abuchean. Como siempre, la imagen que da la política no corresponde a la dura imagen a la que nos enfrentamos en la calle.

Uno de los principales problemas que vivimos es la desafección de la sociedad soberana con sus representantes políticos. Episodios como el debate del estado de la nación, donde se prepara toda la oratoria con fines electoralistas, sin plantear realmente una composición de ideas que pueden ser discutidas y desarrolladas por las diferentes fuerzas políticas, nos demuestra que las cámaras han perdido su sentido. 

Y como todos los años, todos los medios se preguntan sobre quién ha ganado. Como si la política fuera una partida de cartas. Nadie gana en un debate así. Pierden las instituciones legislativas. Pierden las cámaras. Pierde la democracia y por ende, pierden los ciudadanos. 

¿Qué pretenden representar con ese teatro? Sus discusiones siempre se enmarcan en la misma dicotomía: izquierda o derecha. Un bando y el contrario. Lo que hace la derecha, la izquierda lo debe repudiar. Y al revés. Verborrea inútil de una bancada a otra, mientras los ciudadanos, aquellos que les depositan su soberanía, su bien más preciado, siguen sufriendo las consecuencias sus nefastas políticas. 

¿Qué necesidad tenemos de semejante espectáculo? Vivimos un drama social. El sistema ha conseguido fragmentar a la población. Ha creado clases sociales. Ha abierto una brecha entre los que más tienen y los que más necesitan. Y los de abajo, seguimos perdiendo. Perdemos el trabajo. Perdemos las prestaciones. Perdemos la educación. Perdemos la sanidad. Perdemos la vivienda. Perdemos la dignidad. 

¿Cómo me van a representar unos señores que gritan, pero no me ayudan? Unos señores que prefieren vender mi soberanía a los mercados europeos. Que me hacen asumir una deuda ilegítima e inmoral. Que rescatan a los avaros que me quieren desahuciar. Que adjudican obras que no se ejecutan pero que hay que indemnizar. 

No señores políticos. No me veo representado en el debate del estado de la nación. No hacen su trabajo. El deber que las urnas les adjudico durante su mandato. La responsabilidad de generar políticas constructivas. Por y para los ciudadanos. No queremos que nos convenzan con sus utopías ni con sus mentiras. Queremos vivir con dignidad. Queremos volver a ser soberanos. Queremos participar en política, ser el ingrediente esencial de los debates políticos. Queremos acabar con la corrupción y el clientelismo. Queremos leyes justas y justicias consecuentes. Queremos formar parte de este país.

REFLEXIONES SOBRE LA MONARQUÍA

Según la constitución, el Rey es el Jefe del Estado, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Representación, sí. Pero ¿qué significa representación? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, representación es la acción y efecto de representar. También es la autoridad, dignidad, categoría de la persona. Otra acepción es la figura, imagen o idea que sustituye a la realidad, o el conjunto de personas que representan a una entidad, colectividad o corporación. Por último, una cosa que representa otra. A su vez, entendemos por representar, entre otras acepciones, la de sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una entidad, empresa, etc., o bien ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente.

Representar el Estado español.

España es un país de contrastes. El paso del tiempo nos profundiza en la desigualdad. Cada vez hay más brecha entre aquellos conocidos como ricos, y los que vivimos al día y con cuatro perras, o sea, los pobres. Las grandes fortunas crecen a nuestro alrededor, mientras que los que algún día vivimos con ciertas comodidades, nos descubrimos consultando cada día con más frecuencia la cuenta de ahorro, preocupados por que aquello no para de bajar. 

Nadie puede dudar que la crisis ha sido el expolio de las clases trabajadoras. Una clase donde incluyo al peón y al arquitecto, ya que dudo mucho que para pertenecer a la mal nombrada clase “media” haya que dejar de ser trabajador. Pero aunque seamos más pobres, no dejamos de configurar la inmensa mayoría de la sociedad.

Por lo tanto, el Estado español es la suma de muchos trabajadores. De mucha gente con capacidad de trabajar. De muchas familias de clase trabajadora, con niños que juegan con la pelota y abuelos que juegan al dominó. De muchas madres que se preocupan del negro futuro de sus hijos. De muchas abuelas que nos alegran la cena con una sabia tortilla de patatas.  De muchos desempleados que no encuentran trabajo y que tienen que emigrar. De muchos inmigrantes que batallan por considerar a este país como su hogar. Y, sí, también una reducida porción de grandes fortunas que no saben de preocupaciones económicas.

Esta amalgama es representada por el Jefe del Estado. Un organismo público, en régimen hereditario y con sucesión machista establecida en la propia constitución. Una casa real que recibe de los presupuestos del Estado una media de 8 millones de euros anuales. Una familia que recibe una retribución pública de 700.000 euros anuales. Unos emolumentos que representan a una parte muy pequeña de la población española, que tuvo una retribución media en 2013 de 23.650 euros.

Una familia que vive en palacios, según la estación del año, mantenidos por Patrimonio Nacional, como el Real, el de la Zarzuela, o el Pardo. También en palacios que no son de Patrimonio Nacional, pero sí públicos, como el de Miravent. Una forma de residencia que no corresponde a la población española, donde 19.500 familias perdieron su vivienda por ejecuciones hipotecarias.

Unos familiares que, por cuestión genética, tienen la vida arreglada a sueldo de los sufridos contribuyentes. Son los únicos españoles que cobran del erario público sin mediar procesos de igualdad y libre concurrencia. Un futuro parecido a la gran cantidad de jóvenes españoles cuya única salida es la emigración, a pesar de sus extensos currículos. 

Una monarquía que disfruta de la friolera de más de 100 vehículos, 24 de ellos particulares, conducidos por un escuadrón de 67 chóferes. Entre ellos, se encuentran vehículos históricos de gran valor, como Rolls Royce o Mercedes. También conducen vehículos más modernos, pero no por ello baratos, con marcas como Ferrari, Porche o Maybach. No obstante, a veces nos sorprenden en la televisión conduciendo vehículos normales, como el Opel Zafira azul que desfila últimamente por las puertas de la Audiencia de Palma de Mallorca, o el Seat Alhambra familiar con el que llevaban a la actual princesa al colegio. Una situación que dista mucho representar a la situación de parque automovilístico español, que reduce sus ventas año a año, consiguiendo llevar la edad media de los vehículos a un peligroso 11,3 años en 2014. 

El Rey además es una persona inviolable y no sujeta a responsabilidad. Cualquier negligencia que pudiera tener en el desarrollo de sus funciones, acabaría en su impunidad. No responde a errores ni irresponsabilidades. De hecho, el antiguo monarca, durante su reinado, no pudo ser juzgado por supuestas paternidades no reconocidas. Una forma de asumir responsabilidades muy alejadas del resto de los españoles, como por ejemplo, aquellos abuelos que sin saber leer, firmando con la huella, responden con sus ahorros en la estafa de las preferentes.

El antiguo monarca es un asiduo usuario de la sanidad, pero no pública. Operaciones en clínicas privadas, como la Quirón o la Milagrosa de Madrid, separan al ex Jefe del Estado de la cobertura que recibe la mayoría de los españoles. Mientras estos últimos deben soportar los recortes del gobierno, materializados en largas listas de espera o faltas de cobertura, Juan Carlos gozó del trato preferente que da el dinero. Muy propio.

Para concluir, basta con decir que el Jefe del Estado, a pesar de representar al Estado español, no participa de su humildad. Se calcula que su fortuna personal ronda los 1.600 millones de euros. Por lo tanto, representa mejor a ese 1% de ciudadanos de este país que tienen tanto como el 70% de los ciudadanos que ocupan la parte baja de la lista de riqueza. El Rey no representa al Estado. No es la imagen de los millones de españoles que sufren la crisis. No es la autoridad. No es la dignidad. No es la categoría del conjunto de los españoles. No es igual que nosotros. No nos representa.